La Comunidad cambia la ley del suelo para desbloquear la Operación Calderón

La Comunidad cambia la ley del suelo
para desbloquear la Operación Calderón



González desmonta la limitación a cuatro
alturas de Aguirre, que sólo afectará
al suelo recalificado como
urbano después de 2007

El Atlético podrá mudarse a La Peineta
sin depender del fallo del Supremo

El Gobierno regional, que preside Ignacio González (PP), ha introducido en el proyecto
de Ley de Patrimonio Histórico un párrafo de 55 palabras que, en caso de ser refrendado
por la Asamblea (en la que el PP tiene mayoría absoluta), desbloqueará la principal
operación inmobiliaria en la almendra central de la capital, y permitirá que el Atlético
de Madrid consiga un nuevo campo de fútbol y la ciudad un estadio olímpico.

El párrafo en cuestión es una disposición transitoria que modifica la Ley 3/2007 de
Medidas Urgentes de Modernización, suavizando la prohibición adoptada por la
expresidenta regional, Esperanza Aguirre, de construir edificios de más de
cuatro plantas. El recorrido legal es complicado, así que vayamos por partes.

Aguirre introdujo en la norma de 2007 un artículo, el 13, que modificaba la Ley del Suelo
de la Comunidad, aprobada en 2001 por Alberto Ruiz-Gallardón (PP). Decía así: “No
podrá edificarse con una altura superior a tres plantas más ático (…). No obstante, los
Ayuntamientos podrán autorizar la construcción de edificios singulares con una altura
superior, cuando concurran circunstancias especiales debidamente apreciadas y
motivadas. Cuando esta autorización suponga la modificación del planeamiento
vigente, será preciso el informe previo y favorable [de la Comunidad]”.



Para mitigar el impacto, Aguirre incluyó una disposición transitoria: la limitación sólo sería
de aplicación en los planes urbanísticos aprobados a partir de la entrada en vigor
de la norma. Es decir, todos aquellos que ya contaran con el visto bueno
municipal, aunque fuera provisional, podrían seguir adelante como si nada.

La operación, que no reportaría beneficios económicos al club —aunque en un primer
momento lo diera por seguro—, se completaba con la demolición del Vicente Calderón
y de la antigua fábrica de cerveza Mahou, para que FCC hiciera allí 2.000 viviendas y
160.000 metros cuadrados de zonas verdes. Además, la constructora soterraría el
último tramo de la M-30 para completar el parque de Madrid Río. Al Ayuntamiento y al
Atlético les saldría gratis. FCC costearía las obras (el contrato firmado con el club
preveía un gasto de 218 millones, más 41 por la parcela) con la venta de los pisos.

La operación lleva paralizada prácticamente desde la firma del convenio en 2008. La
fábrica de cerveza se ha demolido —Mahou optó por una política de hechos consumados—,
pero el Calderón sigue siendo el estadio del Atlético. En La Peineta, las obras marchan a
medio gas, siendo generosos, a la espera de conocer la decisión del Comité Olímpico
Internacional. Contribuye a todo esto el pinchazo de la burbuja inmobiliaria: a FCC
tampoco le urge sacar adelante la operación, toda vez que tendrá que
adelantar el dinero y sólo hará caja con la venta de los pisos,
al final. Y eso, si el mercado remonta entre tanto.

El Ayuntamiento y la Comunidad aprobaron la modificación urbanística en 2009, permitiendo
tirar abajo el estadio y la fábrica para construir torres de hasta 17 alturas, es decir, muy por
encima del límite legal fijado en 2007. Pero el Tribunal Superior estimó en enero de 2012
un recurso que bloqueó la operación. Consideró que no se habían motivado
debidamente las circunstancias especiales que, según la ley
de Aguirre, permitirían hacer esta excepción.

Tras conocerse la sentencia, Aguirre saltó con que la ley no se cambiaría, mientras que
González, en ese momento su vicepresidente, templó gaitas y afirmó que la Comunidad
haría “todo lo posible” por solventar el problema. La sentencia se recurrió en todo caso
ante el Supremo, alegando precisamente la disposición transitoria de la ley de 2007. El
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid data de 1997, es decir, es anterior al
cambio de 2007, y según el Ayuntamiento la Operación Calderón es sólo una
modificación puntual, por lo que no debe verse afectada por la limitación de alturas.

Pero por si acaso el Supremo no lo viera así, y, sobre todo, para evitar la inseguridad
jurídica que supone estar pendiente del recurso de casación durante años, la Comunidad
quiere resolver de un plumazo la cuestión con su arma más poderosa: la capacidad
legislativa. Así, en el anteproyecto de Ley de Patrimonio, que podría concluir su
tramitación parlamentaria en verano, se añade un nuevo párrafo a la disposición transitoria:
“En todo caso, no será de aplicación dicha limitación al suelo que estuviera clasificado
como urbano antes de la entrada en vigor de la ley 3/2007, ni a las futuras modificaciones
o revisiones de planeamiento que se tramiten sobre el mismo ni a los
instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a dicho suelo”.

Así pues, la limitación de alturas de Aguirre no afectará al suelo que ya era urbano al
aprobarse la ley, hágase lo que se haga con él. El diputado regional Modesto Nolla (PSM)
cree que, al mantener “por obcecación” el “disparate” de Aguirre, González se ha “visto
obligado a improvisar un nuevo remiendo a ese despropósito”, cuando
“lo único sensato que podría hacerse es derogar la esperpéntica
limitación de alturas que Aguirre se sacó de la manga”.

Si finalmente se aprueba el anteproyecto en su redacción actual, Fomento de Construcciones
y Contratas podrá construir sus torres junto al río Manzanares. El Atlético ganará un campo
nuevo que, según su presidente, Enrique Cerezo, podría estrenar en verano
de 2015. Y la ciudad tendrá, por si finalmente le hace falta, un estadio olímpico.

B. GARCÍA GALLO / J. MARCOS
22 ABR 2013 elpais.com